El dilema del Puerto de Valencia
En 2007, aquellos maravillosos años en los que la burbuja inmobiliaria estaba intacta, se presentó la ampliación del Puerto de Valencia como una mirada de esperanza hacia el futuro. Hoy en día, quince años después, se sigue hablando sobre si se debería hacer el proyecto o no. Lo más reciente ha sido una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que cambia las normas del juego entre sus participantes. Pero no nos precipitemos y comencemos por el principio.
Un proyecto con historia
La capital valenciana emplaza en su costa el cuarto embarcadero con más tráfico en Europa, además de ser el primero de España y la cuenca del Mediterráneo. En un 2021 copado aún por la actualidad pandémica emplazaron 5,6 millones de contenedores y más de 85 millones de toneladas, según datos de la Autoridad Portuaria de Valencia. Un balance estadístico superior al del año anterior, que pone en valor la actividad desarrollada por la comunidad portuaria y al que se aferran los defensores de dicha ampliación.
El proyecto de engrandecimiento está dividido en diversas fases. La primera se denominó “Obras de Abrigo para la Ampliación del Puerto de Valencia” y se terminó en los meses finales de 2012, cuando se construyó el dique sobre el que se debería asentar la posible futura terminal norte de contenedores. Las siguientes etapas constan de la construcción de esa nueva infraestructura que ocupará 138’2 hectáreas. “Los puertos que serán decisivos en los próximos años tendrán una proyección transoceánica, ágiles y competitivos. Estar cerca de estos será ganar en competitividad” explicó en una entrevista Aurelio Martínez, presidente de la APV.
El dique sobre el que se iba a construir la nueva terminal norte. EL DIARIO
Lo que ha traído el mayor tira y afloja de los últimos años entre todas las partes ha sido la DIA (Declaración de Impacto Ambiental). Este es el documento oficial que se debe presentar como favorable para realizar ciertas infraestructuras. En este caso, la DIA fue favorable en el año 2007, hecho que dio luz verde al proyecto. Este documento abre con un primer punto que señala: “Información del proyecto: Promotor y órgano sustantivo. El promotor del proyecto es la Autoridad Portuaria de Valencia, y el órgano sustantivo Puertos del Estado”.
Este es el principal argumento que ha adoptado en los pasados días el TSJ de Madrid para suspender cautelarmente la resolución que tomó el Ministerio de Transición Ecológica en la que cedió a la APV la función de órgano sustantivo y, por ende, la capacidad de decidir si es necesaria una nueva DIA.
En el auto judicial los magistrados consideran que conviene suspender cautelarmente la orden ministerial, a la espera de que se produzca el fallo judicial definitivo, porque han pasado más de 14 años desde la publicación de la DIA. Esto deja momentáneamente a Puertos del Estado como órgano sustantivo de la ampliación y no a la propia Autoridad Portuaria de Valencia. Además, la decisión solo afecta al caso valenciano, ya que la resolución del Ministerio involucraba a todos los puertos españoles. Es decir, las autoridades portuarias pasaron a tomar sus propias decisiones en cuanto a ampliaciones y futuros proyectos.
Disyuntiva política
Desde su papel en el proceso, la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha estado tensando la cuerda en favor de una nueva licencia ambiental. En el último consejo de la APV, celebrado el pasado 2 de diciembre, los únicos votos en contra para la ampliación norte fueron los del alcalde de València, Joan Ribó, y del secretario autonómico de Compromís, Iván Castañón. En dicho consejo se acabó aprobando, pero el auto del TSJ mencionado anteriormente ha paralizado el proyecto.
La mayor preocupación de las autoridades valencianas viene por el impacto que pueda tener esta obra de grandes magnitudes en la costa del sur y, sobre todo, en el Parque Natural de la Albufera. Uno de los mayores atractivos turísticos de la Comunidad Valenciana, que se está viendo mermado en los últimos años.
“Tengo 77 años y no me quiero morir sin ver cómo solucionan este problema” Mercedes Gómez, vecina de El Saler desde hace 50 años.
La Albufera de Valencia. NATALIA CUBAS
Pero este tipo de críticas no son nuevas entre los habitantes de las localidades del sur de Valencia en contra del Puerto. En el año 2014, la Asociación de Vecinos de Nazaret impuso un recurso contra el Ayuntamiento de Valencia y el Puerto por la escasa reacción y la falta de soluciones para evitar la contaminación de esta zona. Una vista de la que salieron derrotados y por la cual tuvieron que pagar los gastos judiciales, cantidad que rondaba los 1100 euros.
Un duelo de intereses en el que choca de frente las políticas que viene desarrollando el Ministerio, que formuló el año pasado una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Con ella se procura que el país logre antes de 2050 la neutralidad climática, es decir, que solo emita los gases de efecto invernadero que puedan ser reabsorbidos por los sumideros naturales.
Por el momento esta partida de ajedrez está en tablas. El último movimiento lo ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid otorgando el poder de decisión a Puertos del Estado hasta nueva orden.
