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Memoria democrática

Bebés robados: una deuda histórica de la Ley de Memoria Democrática

Amnistía Internacional denuncia la incapacidad de dar una respuesta adecuada desde el Estado a los procesos de búsqueda de los bebés robados
Bebés robados: una deuda histórica de la Ley de Memoria Democrática
Imagen: Cartel de Amnistía Internacional en la recogida de firmas de la campaña ‘Bebés robados’. Fuente propia

VALÈNCIA. La memoria democrática es uno de los pilares básicos en los que dice asentarse el Gobierno, tanto nacional como autonómico. Son numerosos los episodios de terror y opresión sufridos durante la Guerra Civil y posterior dictadura que conviene tener presentes. Exilios, asesinatos, desapariciones, torturas… Son incontables las terribles y oscuras historias que tienen su origen en el golpe de Estado fascista protagonizado por Francisco Franco.

Una más de estas historias que cabe no olvidar y que requiere justicia y reparación es el caso de los bebés robados en la que participaron instancias eclesiásticas en connivencia con el régimen franquista. En ese sentido se pronunció la Generalitat con la voluntad de crear un banco de datos de ADN de aquellas personas que se han visto afectadas por casos de esta índole.

Desde Amnistía Internacional definen el concepto bebés robados como un término que “engloba a los miles de niños y niñas, hoy adultas, que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad en España desde el final de la guerra civil hasta mediados de la década de los noventa del siglo XX”. Desde esta organización se está llevando una campaña con respecto a esta temática. El pasado domingo 21 diversos miembros del colectivo estuvieron recogiendo firmas en la Plaza de la Virgen en búsqueda de apoyos que les dé un impulso en esta lucha.

Grupo de miembros de Amnistía Internacional recogiendo firmas en la campaña ‘Bebés robados’. Fuente propia

Grupo de miembros de Amnistía Internacional recogiendo firmas en la campaña ‘Bebés robados’. Fuente propia

Mediante el informe Tiempo de verdad y de justicia: Vulneraciones de Derechos Humanos en los casos de “Bebés robados” elaborado por Amnistía Internacional denuncian una práctica que empezó durante el franquismo pero que prosiguió con la democracia hasta finales de la década de los 80 con la implementación de la Ley de Adopción de 1987. Además explican que al no haber datos oficiales resulta realmente complejo estimar una cifra de cuántos sufrieron esa desaparición “legalizada” pero barajan ciertas cifras indirectas que pueden aproximarse: “como las hijas e hijos de presas tutelados por el Estado (30.960 entre 1944-1954) o como los menores repatriados tras la guerra civil (20.266 en 1949, según el Servicio Exterior de la Falange) y que no siempre quedó claro que fueran devueltos a sus familias”. Por ello exigen la reforma del Código Penal con el fin de que incluya la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada.

Discrepancias en el Ejecutivo

Desde el Gobierno parecen tener opiniones encontradas en la reforma de la Ley de Memoria Democrática. Tras lo que parecía que iba a ser la superación de la ya desfasada Ley de Amnistía de 1977, el Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, Félix Bolaños, admitió que las nuevas enmiendas presentadas por el Ejecutivo a la Ley de Memoria Democrática no permitirán juzgar los crímenes del franquismo. Esto contradice todo lo que habían mantenido las portavocías de los partidos pertenecientes a la coalición del Gobierno.

En una entrevista en la emisora de radio Onda Cero, el ministro ha asegurado que lo que hacen las enmiendas a la ley “no es derogar ni dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 sino todo lo contrario, porque lo que hace es ratificar su vigencia y reafirmar que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales”, y ha defendido la Ley de Amnistía y el proceso de la Transición que la posibilitó.

Unidas Podemos por su parte siguen defendiendo su posición inicial frente a las declaraciones de Bolaños. Ione Belarra, Secretaria General de Podemos y actualmente Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España, defendía la posición de la formación morada: “el acuerdo que ha logrado Unidas Podemos en la ley de Memoria Democrática es histórico. Por primera vez un paso adelante para acabar con la impunidad de los crímenes franquistas. Ningún juez podrá ampararse en la ley de amnistía para no investigar crímenes de lesa humanidad”.

Esquerra Republicana, de quien depende el apoyo para que la ley salga adelante, exige la derogación de la Ley de Amnistía, y su líder Gabriel Rufián ha acusado al Gobierno de “vender humo”. Así que vemos que el camino para que el Gobierno consiga sacar la ley adelante va a ser más duro y complejo de lo que podría parecer en un primer momento.

Tipo: Noticia
Subtema: Política
Territorio: España