Okupas y ocupados: una cuestión de medios

VALÈNCIA.19/11/2020.En los últimos años se ha visto cómo los medios de comunicación españoles han prestado especial atención a la cuestión de la ocupación ilegal de viviendas: se han multiplicado los artículos con datos, las noticias morbosas de víctimas de ocupación, los tele-reportajes de programas de investigación e incluso ha crecido el número de asociaciones pro y anti-okupas. Toda cuestión social, cuando recibe una especial atención de los medios, se magnifica y se traduce en nuevas reformas político-jurídicas; y los casos, aunque no varíen significativamente en comparación con la misma fecha del año anterior, se perciben como casos cercanos, que a cualquiera -por desprevenido- le podrían afectar. 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2011, en España hay cerca de 3,5 millones de viviendas vacías

Los medios de comunicación aceleran frenéticamente el cambio social: aparece un nuevo miedo a la ocupación y a los okupas, a lo que el mercado responde con la aparición de empresas de desocupaciones “exprés” como contrapunto a la lentitud de las administraciones públicas. La disputa reside realmente en un error de términos, creado por la publicidad de las empresas de seguridad junto con los medios, pues ocupación y allanamiento de morada no son lo mismo. La ocupación o usurpación de una vivienda se da cuando personas ajenas al propietario entran a vivir en una vivienda inhabitada, mientras que el allanamiento afecta al hogar habitual o a una segunda residencia -que aunque no esté constantemente habitada, sí se considera como tal-, y es un problema que suele resolverse por las autoridades en pocas horas. 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2011, en España hay cerca de 3,5 millones de viviendas vacías, es decir, inmuebles familiares desocupados que no son residencias habituales de ninguna persona, ni son utilizadas de forma estacional, periódica o esporádica por nadie, indica un artículo publicado en Europa Press. De estos, un cálculo estimado sostiene que unas 2,8 millones de viviendas se encuentran en buen estado, es decir, que son habitables; y el 70% están ubicadas en municipios de menos de 100.000 habitantes. ElBoletín.com publicó en octubre de 2019 un artículo basado en datos proporcionados por Cáritas en el que se calculaba que entre 30.000 y 40.000 personas viven en la calle en España. Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en el segundo trimestre de 2020 se presentaron en la Comunidad Valenciana 88 demandas por ocupación, mientras que en ese mismo periodo se ejecutaban 195 deshaucios por impago de alquileres e hipotecas.

La incógnita aparece en los debates mediáticos acerca de por qué la gente ocupa viviendas, pues la situación personal ayuda a crear un perfil social que bien puede ser apoyado o rechazado por la sociedad. Una breve noticia publicada el agosto pasado por www.20minutos.es mantenía que los casos de ocupación habían aumentado este último verano debido a la crisis económica y sanitaria provocada por la COVID-19 según los datos que les habían proporcionado desde Idealista, una empresa inmobiliaria española. Durante estas mismas fechas, Securitas Direct lanzaba un espacio comercial dedicado única y exclusivamente a proteger las viviendas frente a la ocupación. 

El 31 de octubre salían a la calle más de mil personas protestando por los 800 desahucios programados en el mes de octubre en Barcelona. La causa: exigir justicia para las familias vulnerables, sin trabajo y con graves dificultades frente a la pandemia. El perfil de familia en situación de precariedad extrema que mostraron los medios durante esas fechas no cuajó entre la audiencia, y las campañas de odio anti-okupas continúan a día de hoy. La respuesta al por qué de esta situación es sencilla: el allanamiento de morada, que es frente a lo que pretenden advertirnos los medios de comunicación influidos, tal vez, por empresas de alarmas de hogar, no es tan mediático ni crea en la población la misma sensación de inseguridad que la ocupación, porque la imagen que el subconsciente popular tiene de un okupa -de una determinada ideología, con ciertas costumbres y hábitos, etc.- recoge mucho mejor todos estos miedos y prejuicios. El mercado de las alarmas anti-okupas y las empresas de desocupación se ha multiplicado desorbitadamente como respuesta al pánico generado por los medios y la publicidad. 

El perfil mediatizado de okupa

En los últimos años, las empresas de desocupación han ido apareciendo paulatinamente en toda España, con especial hincapié en tres ciudades clave: Madrid, Barcelona y Valencia. Entre las más conocidas se encuentran: Fuera Okupas, Desokupamos Express, PrOkupa y MMMDesokupación, la mayoría famosas por aparecer en noticias, artículos y reportajes debido a sus cuestionables métodos de actuación y declaraciones racistas que se han  hecho virales. 

 “Hay okupas que son profesionales y prefieren ocupar una vivienda antes que pagar, y tienen trabajo y tienen de todo” 

En una declaración a uValencia.es,  la empresa Fuera Okupas afirmó que el perfil del okupa era el de una persona de clase media-baja con posibilidades económicas y mayoritariamente de grupos étnicos dominicanos, marroquíes y gitanos. Esta misma empresa declaró en una entrevista a El Español en noviembre de 2019  que solamente el 1% de sus casos eran los de personas “realmente necesitadas” y el 99% restante eran grupos organizados que aprovechaban los vacíos legales y “personas de clase-media que viven del cuento, visten ropa de marca y tienen coches de alta gama”. 

Esta idea coincidió con la entrevista que Desokupamos Express concedió a este diario: “Hay okupas que son profesionales y prefieren ocupar una vivienda antes que pagar, y tienen trabajo y tienen de todo”. Curiosamente, Moisés, de MMMDesokupación contó que en su empresa se encontraban muchas veces con casos de familias que le echan “mucho morro y dejan de pagar porque saben que no les va a pasar nada, aunque tengan buenos sueldos y buenos trabajos, empresarios de nóminas altas que prefieren dejar de pagar”. 

Cuando uValencia.es preguntó acerca de sus protocolos de desocupación de una vivienda las empresas recalcaron la misma idea conjunta:  siempre trabajan desde la legalidad y fomentando el diálogo y la mediación entre okupa y ocupado. Fuera Okupas afirmó en la entrevista que le realizó uValencia.es que trataban siempre de “motivar al okupa para que se fuera, dialogando, y si no funcionaba, con un control de acceso”. Las cuatro compañías finalizaron su entrevista comentando sutilmente que tras recuperar la casa se procedía a instalar una alarma de seguridad, como las que patrocinan en sus espacios publicitarios Securitas Direct. 

"Estamos viendo cada vez un aumento de gente que okupa porque no puede pagar una vivienda, no tiene trabajo ni los suficientes recursos” sostiene el concejal de la Pobla de Vallbona

Frente al problema de la ocupación, Jaime Ruix, el concejal de Juventud, Movilidad y Fallas de la Pobla de Vallbona (València), propuso en un pleno del ayuntamiento del pasado agosto ayudas jurídicas para las víctimas de ocupación ilegal de viviendas en el municipio. “En el Ayuntamiento estamos aplicando dos ideas innovadoras: en primer lugar hemos contratado una abogada especialista en el tema de la Defensa de la Vivienda y de la Propiedad Privada para aquellos que quieran recurrir a ello; y en segundo lugar, para que la gente no se vea obligada a ocupar hemos decidido incentivar políticas sociales para ofrecer una Bolsa de Viviendas Sociales” cuenta Ruix a uValencia.es. Continúa la entrevista explicando que se basa en la idea de que vecinos de la localidad que tengan segundas viviendas pueden ponerlas al servicio del ayuntamiento para que este se haga cargo de los gastos y así ofrecerlos a familias en estado de precariedad que no puedan pagarse una vivienda. 

Imagen: Jaime Ruix, concejal de Juventud, Movilidad y Fallas de la Pobla de Vallbona (València) en una entrevista para uValencia.es. MAGDALENA EWA BORKOWSKA

Lo que cuenta Jaime Ruix a este diario difiere radicalmente con el perfil de okupa que venden los medios, las compañías de alarmas y las empresas de desokupación. “Si entramos dentro del perfil de okupa, no es un perfil catalogado. Sí que es verdad que estamos viendo cada vez un aumento de gente que okupa porque no puede pagar una vivienda, no tiene trabajo ni los suficientes recursos” sostiene el concejal de la Pobla de Vallbona. 

La perspectiva jurídica

“El problema sobre la ocupación de viviendas siempre ha existido, pero ahora se pone el acento por los medios de comunicación, como si se pretendiera demonizarlos para poner a la sociedad en su contra”, declara a este medio Carmen Rubio, abogada en el turno de oficio desde hace más de veinte años. Añade: “Hace unos años, con la crisis del ladrillo, se desahuciaba de sus viviendas a los que no podían pagar su hipoteca, y plataformas como Afectados por la Hipoteca, Stop Desahucios, etc, que estaban en la base del movimiento 15-M, eran vistos por buenos ojos por la sociedad, y este cambio parece pretender lo contrario, estigmatizar a los excluidos, a aquellos a los que el propio sistema competitivo en que nos movemos ha dejado fuera”.

El perfil real de okupa   

Los datos que proporcionan los medios de comunicación así como las instituciones locales como el ayuntamiento de la Pobla de Vallbona se contradicen y resulta cada vez más complicado encontrar una respuesta clara a la cuestión de la ocupación ilegal de viviendas en España. En un extremo se hace evidente la intención publicitaria de los medios y las empresas por hacer crecer el pánico a la okupación como estrategia de márketing; y en el otro se encuentra la incógnita de quiénes y cómo son realmente los okupas: ¿grupos organizados de pisos de narcotráfico, mafias o familias necesitadas?

Se aprecia desde fuera que el bloque no es como los de alrededor: tiene las ventanas sin persianas, rotas y tapadas únicamente con sábanas viejas; no hay cerradura, ni luz, ni agua. En él viven dos familias y varios grupos de jóvenes de distintas procedencias, pero todos con una cosa en común: han necesitado recurrir a la ocupación frente a la ausencia de oportunidades laborales, la falta de papeles y la marginación social e institucional a la que se han visto abocados. En muchas ocasiones, esta situación límite sólo tiene la salida de ocupar viviendas vacías -de bancos o fondos buitre- a cambio de una cantidad que se paga a los anteriores ocupantes o a quien da acceso a la casa.

Los vecinos de los bloques colindantes se quejan: entienden el edificio como causa de unas problemáticas –gritos y peleas de madrugada, escupitajos y furgones policiales en medio de la noche–, y no como consecuencia de  otras, estructurales, y que precisamente por esto, no tienen una solución fácil ni próxima: la ausencia de ayudas a la población extranjera, el difícil acceso a la vivienda por los altos y no regulados precios del alquiler o la ausencia de políticas que garanticen el derecho a una vivienda digna.

“A mí no me han hecho nada –declara Lucía (nombre ficticio), propietaria de un comercio de la zona– pero no me gusta que estén aquí”. Silvia, por su parte, insiste en lo siguiente: “No es por todos, hay algunas familias que a mí me da igual que estén aquí si no tienen ningún sitio adonde ir, pero más de una vez han bajado otros con cuchillos, y eso transmite inseguridad”. 

Otras veces han llamado aquí para preguntar: "Oye, ¿en qué piso pasan", cuenta Silvia

La última de las reyertas entre unos y otros ocurrió el pasado verano. Los vecinos del número 37 de la Av. Doctor Waksman –perpendicular a la Carrera Fuente de San Luis–presentaron una instancia al Ayuntamiento solicitando la limpieza del patio trasero de la finca ocupada, que estaba siendo utilizada como vertedero. “Tardaron bastante tiempo en venir a limpiar lo de atrás”, declara Silvia, pero ella y varios vecinos cuentan a este diario que finalmente, en verano, se limpió, y a día de hoy continúa en buen estado. “No podemos emprender acciones legales porque no somos propietarios de la finca, pero sí podemos mandar instancias al Ayuntamiento”, declaró a este diario un vecino del bloque 37, que añadía: “ A nivel de barrio, esto es un desastre”.

Según Lucía, la propietaria del comercio, los ocupas “estas viviendas no las necesitan, porque a veces les han echado y se han ido a otros sitios”. Sin embargo, la realidad parece ser, mayoritariamente, otra. Gora y Ousseynou Faye, de unos veintitantos años de edad y origen senegalés, cuentan a uValencia.es que comparten piso y que la ocupación fue su último recurso: “Antes de venir aquí estuve nueve meses en la Fundación Amigo, pero luego me echaron porque no te dejan quedarte más. Después estuve durmiendo en la calle y al final acabé entrando en este edificio y empecé a vivir aquí”, declara Gora, que lleva viviendo en la finca cerca de un año y medio. Ninguno de los dos trabaja, porque no tienen papeles, “y sin papeles no te contratan, ni puedes alquilar un piso”, cuenta su amigo Ousseynou, que se instaló en la vivienda pocos meses después.

Otro de los que sale de la finca ocupada es Antonio, de unos treinta y cinco años de edad y que salió de la cárcel hace nueve meses, en la que había ingresado por conducir sin carnet. “Recibo una pensión por lo del oído– explica, entre esfuerzos por escuchar las preguntas de este medio–, pero no es suficiente”. Cuenta que en el edificio hay gente de “todos los colores”, y se lamenta por la respuesta del Gobierno hacia él y sus compañeros: “Están jodiendo a la gente con esto”. 

"Al principio había luz, pero ahora no hay ni luz ni agua: vamos a por ella a la fuente del parque", explica Antonio.

Es frecuente ver cómo a ese parque se acercan  familias con garrafas de plástico para llenarlas de agua y llevárselas a casa. En el número 47, además, hay un contenedor suministrado por Ayuda Familiar que se rellena periódicamente y permite que los habitantes de la finca tengan acceso al agua. Sin embargo, como comenta Antonio, “no es potable, y además se acaba muy rápido: por eso acabamos yendo a la fuente”. Los vecinos de los edificios de la misma calle, sin embargo, no ven con buenos ojos el contenedor: “Todos estamos necesitados –declara Lucía, que es autónoma y cuyo negocio ha sufrido las consecuencias de la actual crisis económica– pero no a todos nos dan ayudas”. Un vecino de la Av. Dr. Waksman, preguntado por esta cuestión, la califica sucintamente: “Es un desastre”. 

Ambos, junto con otros vecinos de la zona, tachan el edificio de “insalubre”, y reprochan a las autoridades que no se haya hecho nada al respecto, al tiempo que coinciden en no eximir de responsabilidades a los ocupas de problemas como la inseguridad, un confinamiento poco o nada estricto durante el estado de alarma y el deterioro de la imagen del barrio.

Mientras tanto, por la calle se pasean dos adolescentes vestidos con camisetas del Barça. Tras hablar con ellos, explican a este medio que no viven en el edificio ocupado pero conocen a algunos de los que allí habitan. Uno de ellos se adelanta y abre la puerta del edificio para que se puedan tomar fotografías. El tanque de agua que llena una vez por semana Ayuda Familiar se encuentra en el portal del edificio. Allí mismo, al lado de la escalera, dos jóvenes están sentados en un sofá. Se trata de dos jóvenes africanos, originarios de Gambia. Uno de ellos cuenta que vino a España porque su hermana vive en Chera. Su plan es poder trabajar para ayudar a su familia.

“Venimos a Europa para ayudar a nuestras familias”. Él espera que su situación cambie: “Duermo aquí, pero no me gusta. Así que necesito un cambio”. Su travesía empezó cogiendo un barco para ir hasta Las Palmas de Gran Canarias. Allí estuvo en un centro de acogida para inmigrantes. Como tenía a su hermana viviendo en Chera le dejaron ir hasta València. Su propósito era llegar a Valècia y aprender español, pero la pandemia se lo impidió. Él quería empezar a trabajar en el campo en la recogida de fruta. Ahora se encuentra viviendo en el edificio ocupado.

Un rato después, otros dos jóvenes se apoyan en la pared del edificio, con una bicicleta. No dicen sus nombres, pero sí acceden a contar su historia y a enseñar la habitación que comparten. “Yo llegué en patera y mi amigo en avión. Al llegar a España sabía que no iba a recoger el dinero del suelo”. Explica cómo accedió a la habitación en la que viven desde hace dos años: “Se paga una vez, al principio, a alguien que se está yendo”. A cambio del pago, recibieron el cuarto de las calderas: en el entresuelo, sin ventanas y con apenas espacio para alojar dos camas y un par de cómodas con alimentos no perecederos. La puerta no tiene cerradura, pero está asegurada con una cadena y un candado de bicicleta, y para entrar hay que saltar una tabla de madera. “Esto es para las ratas”, dice nuestro guía, de origen marroquí, mientras aparta la tabla a un lado.

Imagen: La cerradura del cuarto de uno de los okupas del Núm. 47 de la C/ Carretera Fuente de San Luís de València. MAGDALENA EWA BORKOWSKA

Imagen: Tuberías en la pared de la habitación de uno de los okupas del Núm. 47 de la C/Carretera Fuente de San Luís de València. MAGDALENA EWA BORKOWSKA

Cuenta a este medio, además, que está esperando que pasen los tres primeros años de su estancia en España -ya lleva casi dos- para poder recibir los papeles por arraigo social, que se concede a aquellas personas que hayan estado viviendo tres años en territorio estatal y puedan presentar un contrato de trabajo. “Los tres primeros años son sufrir, sufrir, sufrir”, cuenta.

Dentro del edificio, dos de los cinco sentidos se ven inmediatamente apelados: la vista y el olfato. No hay luz, y a las ocho de la tarde todos los habitantes de la finca suben y bajan las escaleras con las linternas de los móviles, en un juego de luces que se aprecia desde fuera. El cuarto de las calderas huele… huele a cuarto de las calderas, a una espesa mezcla vagamente descriptible de humedad, hacinamiento y falta de ventilación. En una esquina hay un pequeño  ambientador, en un intento casi humorístico -cruelmente humorístico- de combatir lo opresivo del ambiente. 

Hasta tu vecino de Cánovas puede ser un okupa

El caso de Maite (nombre ficticio) que vive en el Ensanche, uno de los barrios con mayor nivel adquisitivo de València, no es representativo de la realidad de los ocupas, pero sí una variante más de ésta, tal y como explica su abogado, cuando Maite se extraña por la idea de aparecer en un reportaje sobre ocupación: “yo no soy okupa” afirma. A lo que el abogado responde: “no eres okupa, pero se te aplica la legislación que se les aplica a ellos”.“La Ley no tiene sitio para mí”, contesta Maite. Tiene veinte años y vive en la casa que la vio nacer, pero lo hace sin el consentimiento de la propietaria: su madre. 

“A veces como con mi padre en un bar y el segundo plato me lo llevo para cenar”, cuenta Maite con tristeza

Los conflictos familiares que han llevado la situación hasta este punto ahora hacen que ambas tengan que enfrentarse en un juicio aún no programado por el deseo de la madre de echar a Maite de la casa para poder venderla, y las negativas que recibe por parte de su hija, que alega que no tiene otro sitio adonde ir, ya que actualmente no trabaja ni tiene ingresos, porque está estudiando. “A veces como con mi padre en un bar y el segundo plato me lo llevo para cenar”, cuenta con tristeza a uValencia.es.  

Imagen: Maite (n.f.) sentada en la terraza de una cafetería del Ensanche (Valencia) durante la entrevista con uValencia.es. MAGDALENA EWA BORKOWSKA

La espiral de ser mujer, pobre e inmigrante

Imagen: Wendy (n.f.) posando en la casa que está okupando bajo el retrato del propietario de la vivienda. CHRISTIAN CALVO

Imagen: Cartel "OJO NO SE CAGA EN LAS ESCALERAS GUARROS" en las escaleras del piso de Wendy (n.f.) de la C/Carrera Fuente de San Luís en Valencia. MAGDALENA EWA BORKOWSKA

El problema de Wendy, al igual que el de Gora, Ousseynou Faye y Antonio es el de la precariedad crónica; se trata de familias con grandes dificultades para poder acceder a la documentación exigida, a un trabajo digno y a una vivienda pagada. El problema de la ocupación ilegal de viviendas es, en muchos casos, consecuencia de la pobreza y la marginación social

Más allá de la ocupación, no hay que menospreciar el problema de la vivienda que existe en España. Un estudio de la revista Scripta Nova publicada por la Universidad de Barcelona en 2003, ya señalaba un problema en el acceso a la vivienda. Según el texto, a pesar de que en el artículo 47 de la Constitución Española se reconozca el derecho a una vivienda digna, “la vivienda no ha alcanzado la consideración de bien social como la sanidad, la educación o la cobertura social, sino que es considerada por todos una mercancía”. Algo tan esencial como un techo bajo el que dormir es concebido como un derecho por la mayoría de la población, pero para las personas que se han presentado en este reportaje se trata de un privilegio, y de un bien escaso por el que han tenido que arriesgar mucho.