La presión sindical paraliza el desahucio de un vecino en Lavapiés
MADRID. Los vecinos de Lavapiés (Madrid), han logrado con sus protestas detener el desahucio de Paco Rodríguez, un anciano de 85 años enfermo terminal de cáncer, que vive desde hace 40 años como inquilino en un inmueble que pertenece en la actualidad a la familia Franco. Los trámites de su desahucio se iniciaron a raíz de una denuncia por expiración de contrato que le interpusieron los propietarios, a pesar de que siempre había hecho frente al precio de la renta.
Rodríguez, declara que su único ingreso es una pensión no contributiva de 370 euros al mes y que le deja sin alternativas de habitabilidad. El inquilino apela por ello a la prohibición de desahucio en casos de vulnerabilidad descrita en el Real Decreto 11/2020, apoyado por el Sindicato de Inquilinos de Madrid, organización que más se ha implicado en el proceso.
El portavoz de este Sindicato, explicaba la tesitura: "el Ayuntamiento tiene constancia de la situación desde hace dos meses, momento en que el juez le conminó a buscar una alternativa habitacional para Paco. Ni servicios sociales ni el Consistorio se han puesto en contacto con él en todo este tiempo, un plazo en el que se debería haber certificado su alto grado de vulnerabilidad y haberle proporcionado un lugar en el que poder vivir".
El Sindicato de Inquilinos de Madrid, organizó una sentada que rodeara el edificio en el que vive Paco el día en que estaba datada la llegada de la comisión judicial y la policía para el desahucio. Tras este acto, el mismo Sindicato comunicó que finalmente, y tras hablar con los miembros de la comisión, el proceso quedaba paralizado y a la espera de nueva fecha.
MADRID. Los vecinos de Lavapiés (Madrid), han logrado con sus protestas detener el desahucio de Paco Rodríguez, un anciano de 85 años enfermo terminal de cáncer, que vive desde hace 40 años como inquilino en un inmueble que pertenece en la actualidad a la familia Franco. Los trámites de su desahucio se iniciaron a raíz de una denuncia por expiración de contrato que le interpusieron los propietarios, a pesar de que siempre había hecho frente al precio de la renta.
Rodríguez, declara que su único ingreso es una pensión no contributiva de 370 euros al mes y que le deja sin alternativas de habitabilidad. El inquilino apela por ello a la prohibición de desahucio en casos de vulnerabilidad descrita en el Real Decreto 11/2020, apoyado por el Sindicato de Inquilinos de Madrid, organización que más se ha implicado en el proceso.
El portavoz de este Sindicato, explicaba la tesitura: "el Ayuntamiento tiene constancia de la situación desde hace dos meses, momento en que el juez le conminó a buscar una alternativa habitacional para Paco. Ni servicios sociales ni el Consistorio se han puesto en contacto con él en todo este tiempo, un plazo en el que se debería haber certificado su alto grado de vulnerabilidad y haberle proporcionado un lugar en el que poder vivir".
El Sindicato de Inquilinos de Madrid, organizó una sentada que rodeara el edificio en el que vive Paco el día en que estaba datada la llegada de la comisión judicial y la policía para el desahucio. Tras este acto, el mismo Sindicato comunicó que finalmente, y tras hablar con los miembros de la comisión, el proceso quedaba paralizado y a la espera de nueva fecha.
