"Sin la prostitución, no habría trata sexual de mujeres ”, sentencia Nuño

5/11/2020. VALENCIA. Dentro de la trata de seres humanos se encuentra la trata con fines de explotación sexual, el segundo negocio ilícito más rentable del planeta, únicamente precedido por el tráfico de drogas. Dicha forma de violencia contra las mujeres genera unos beneficios aproximados para los tratantes de 5 millones de euros al día, únicamente en España, según la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Los países que luchan contra la trata se basan en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000 (Protocolo de Palermo) para “prevenir, reprimir y sancionar” este delito. Dicha convención define la trata como “la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas recurriendo a amenazas, uso de fuerza u otras formas de coacción con diversos fines”.

La directora de la Cátedra de Género de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y propulsora del primer grado académico de género en España, Laura Nuño, afirmó para este diario la importancia de “la diferenciación de las distintas modalidades de trata de seres humanos”, producto de la falta de perspectiva de género que supuso el Protocolo de Palermo.

En dicho acuerdo internacional adoptado por Naciones Unidas, pese a establecer  “la especial atención” que debía prestarse a las mujeres y niños, no preveía un tratamiento específico para cada tipo de explotación, bien sea la laboral, los matrimonios forzados, la sexual… por lo que supuso un avance normativo, pero, también “el aumento de la indefensión de las víctimas de trata sexual", matizó la profesora de la URJC a este medio. 

Estas distinciones no fueron recogidas en un acuerdo internacional hasta la celebración del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convención de Varsovia) en 2005, un pequeño avance que “seguía anteponiendo la persecución del delito” antes que la liberación de las supervivientes de trata sexual, según Nuño. Debido a la adaptación del Convenio por parte del marco jurídico español, desde una perspectiva de protección a la Ley de Extranjería, puntualizaba el reciente informe de Amnistía Internacional, Cadenas Invisibles. 

Su constante confusión social y jurídica con el resto de los tipos de trata y con el delito de tráfico “beneficia a los tratantes, que acaban cumpliendo penas menores”, puntualizó la catedrática debido a la reforma del Código Penal en 2015.

 Falta de valores en un mundo globalizado

Las causas que generan la explotación sexual son diversas, a pesar de que hay un conjunto de factores generalizados que facilitan la captación de las víctimas. La falta de independencia económica de estas es un factor clave que permite a las mafias presentar falsas ofertas de trabajo y generar así una deuda que ellas no podrán asumir, incluyendo la movilidad a la que serán sometidas, los servicios sanitarios fundamentales o la residencia.

En el ámbito económico, los grandes beneficios que genera esta práctica y su “relativa impunidad” acrecienta la explotación sexual, según afirmó Nuño en la entrevista. Estos reinvierten sus beneficios en el tráfico de armas y drogas. 

Cabe destacar que la trasnacionalidad es un factor clave que diferencia el tráfico y la trata, debido a que el primero siempre la incluye y la segunda no. La explotación sexual puede someterse dentro de las propias fronteras del país de la víctima, pese a que en la mayoría de los casos deriva en una gran movilidad de las mujeres explotadas para dificultar su localización por parte de los cuerpos de seguridad.

Según un informe contra la trata sexual realizado por el Ministerio español de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad entre 2015 y 2018, hay un claro movimiento de los países más empobrecidos hacia los países más ricos, donde la demanda de prostitución genera un “efecto llamada” para las mafias, producto de la normalización de la industria del sexo en Occidente, principal abastecedora de las mujeres víctimas de trata.

Además, las posibilidades de caer en una red de trata sexual aumentan con las crisis humanitarias, producto de las guerras y los desastres naturales, ya que estos hechos generalizan la pobreza y alimentan a las mafias. Y son las leyes de oferta y demanda las que alimentan esta lacra, donde la mujer se convierte en el producto, según informa la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR Euskadi).

La "crisis de valores y de educación emocional" caracteriza la normalización de la prostitución, Garrigós

Estos factores, producto de pertenecer a un mundo profundamente globalizado, son los que determinan la “crisis de valores y de educación emocional que caracteriza la normalización de la prostitución", matizó Pedro Garrigós, coordinador del servicio de prevención de la violencia de género y atención a las víctimas del Instituto Valenciano de la Mujer.  

 Trata sexual y tráfico, un doble delito que van de la mano

Una de las consecuencias que más golpea a las víctimas de trata es la “deuda provocada por la transnacionalidad”, unos costes que la persona afectada asume “en forma de agresión, violencia psicológica, ritos de vudú o represalias hacia familiares” y que, además, en la mayoría de ocasiones supone un añadido a los gastos en alimentación o los servicios básicos médicos, tal y como explica Laura Nuño.

El hecho de exceder del entorno de una nación no solo significa que son víctimas de trata, sino que anteriormente se han visto involucradas en un delito de tráfico. Es decir, salen damnificadas a causa de dos delitos. Desde el marco legal, el arduo acceso a la justicia supone otra de las principales secuelas sufridas por las víctimas de estas prácticas.  

Además, la Fundación Amaranta cuenta que a nivel personal las víctimas presentan secuelas psicológicas como estrés postraumático o trastorno disociativo como mecanismo de defensa para separar su cuerpo de sus emociones. 

 Un futuro incierto tras la identificación

Por otro lado, los procesos basados en la identificación de las víctimas de trata sexual como tal son realizados por los cuerpos de seguridad, excluyendo a cualquier asociación especializada en el tema. La Comisión de Ayuda al Refugiado en el País Valenciano (CEAR PV) afirmó a este periódico que, tras estas fuerzas de seguridad, se encuentra la cooperación entre “varios ministerios, administraciones y entidades que colaboran entre ellas”. 

Hay distintas entidades especializadas que reclaman mayores herramientas jurídicas que apoyen los derechos sociales y faciliten la tramitación de denuncias y permisos, ayudas económicas y mayor concienciación social sobre el problema desde las administraciones públicas.

A nivel estatal son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones los encargados de encabezar los proyectos necesarios y aportar los medios económicos requeridos que, según CEAR PV, “siempre pueden ir a mejor”. 

De manera más contundente, desde el informe Cadenas Invisibles sentencian que “hay déficit para garantizar protección a las víctimas”, así como que “no hay mecanismos adecuados para la identificación de víctimas de trata en su llegada a las fronteras”, lo que repercute en la disparidad de actuaciones llevadas a cabo en las distintas comunidades autónomas.

A dicha variedad de acciones llevadas en el proceso de identificación, cobra especial relevancia el enfoque policial. Este “afecta de manera muy negativa a las víctimas potenciales o en riesgo, especialmente a los grupos más vulnerables como migrantes, menores de edad y solicitantes de asilo” al ser concebidos como migrantes ilegales, aseguraba Amnistía Internacional. 

La identificación exitosa de las víctimas tan solo representa una minoría: 264 identificadas como víctimas de trata sexual en 2013, frente a un posible riesgo de 13.159 mujeres explotadas sexualmente en ese mismo año, según el informe realizado por el Ministerio español de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

264 víctimas son identificadas frente a 13.159 mujeres en posible riesgo de explotación sexual

Este proceso va acompañado de un período de restablecimiento y reflexión durante 90 días desde el momento en el que se la identifica como víctima, según prevé la Ley de Extranjería española. Durante este tiempo, la mujer en cuestión deberá decidir si colabora o no con la justicia.

Amnistía Internacional denuncia que este período “termina convirtiéndose en una herramienta para asegurar que las víctimas testifiquen” ante la justicia, así como que “muchas mujeres renuncian a recibir asistencia y protección si eso supone denunciar ante la policía”, debido al miedo de sufrir ellas o sus familiares algún tipo de daño, puesto que la colaboración entre países no es perfecta; y debido el enfoque de inmigrante irregular que practican los cuerpos de seguridad, frente a la visión victimocéntrica que numerosas asociaciones como CEAR y Amnistía Internacional reclaman. 

La Fundación Amaranta manifestó al diario: “La intervención debe ser integral. Más allá de proporcionarles las herramientas necesarias para su formación y entrada al mercado laboral, debe encaminarse también a una recuperación de identidad, de reconocimiento propio, de recuperación del trauma y de restablecimiento de habilidades sociales”.

“Los puntos importantes y necesarios que hace falta aumentar son los proyectos de continuidad a largo plazo, qué pasa dos años después”, afirmó para este medio CEAR PV. “Si no se las capacita de proyectos de empleo, lugares seguros a los que acudir… volverán a caer en las redes”, afirmaba la asociación valenciana.

"Hace falta aumentar los proyectos de continuidad a largo plazo, qué pasa dos años después”, CEAR PV

De acuerdo con CEAR PV, Garrigós matizaba en la entrevista con uvalencia.es que “faltan itinerarios de acompañamiento para las mujeres prostituidas que las empodere”. Dicho de otra forma: “Que fueran reales y efectivas las Rentas de Inclusión social con un acompañamiento especializado” para las supervivientes en la explotación sexual. 

La fundación Amaranta quiso destacar que la principal medida para erradicar la trata sexual es la prevención. “El hecho de que haya trata de personas implica que hemos interiorizado y normalizado ciertos discursos que perpetúan la trata de personas. Hay que desincentivar la demanda”, declaró una de las trabajadoras al diario.

Prostitución y trata sexual, dos problemas en la sombra de una pandemia

Distintas asociaciones aseguran que la pandemia ha invisibilizado el problema, ya que ahora las víctimas están más ocultas y las prácticas son más clandestinas. Esto dificulta la labor de detección e identificación de las mismas. “Las redes han cambiado las rutas, hay más mujeres encerradas en pisos que antes por la pandemia, lo que hace más difícil su detección”, asegura CEAR PV.

Además, se ha dado un aumento de prostitución online y pornografía lo que hace más difícil todavía acceder a esas mujeres para detectar si son víctimas.

En cuanto a los recursos, no se han paralizado, las entidades que trabajamos con víctimas de trata hemos tenido que reinventarnos e innovar en las intervenciones para poder dar el soporte y el acceso que necesitan a los recursos y derechos sociales que les pertenecen.

Durante el confinamiento hubo un momento de incertidumbre y "parón" para reorganizarnos y pensar el mejor modo de intervenir desde la nueva realidad

Por su parte, el informe de Amnistía Internacional expresa su preocupación por el aumento de la dificultad a la hora de detectar los casos de trata durante los períodos de confinamiento domiciliario. “Durante el período de confinamiento no se hizo ningún traslado a la península de mujeres en situación de vulnerabilidad”, declaraba Cadenas Invisibles. 

Dicho texto pone el foco en la reducción de las rutinas de trabajo por parte de organizaciones no gubernamentales que se han visto obligadas a rebajar su actividad o a la abreviación de algunas prácticas consideradas no esenciales como las inspecciones laborales, todas ellas implicadas con la limitación de estos abusos.

"Los beneficios de la trata sexual se llegan a computar en el PIB de la eurozona", asegura Nuño