'Ley Celaá', la polarización política se inmiscuye en el ámbito educativo
18/11/2020. VALENCIA. El nuevo Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como 'ley Celaá', es la nueva reforma educativa del Gobierno propuesta por la Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. Este proyecto de ley impulsado por el PSOE y Unidas Podemos pretende derogar la anterior ley educativa conocida como LOMCE o 'ley Wert', vigente desde 2013.
Entre los objetivos de esta ley educativa está, según la ministra, eliminar la referencia de que el castellano sea la lengua vehicular en toda España. Esta definición, introducida hace siete años por el Partido Popular, será eliminada, siendo las comunidades autónomas quienes aseguren el derecho de recibir la enseñanza tanto en castellano como en las lenguas oficiales de cada territorio.
La duda que genera esta ley es que respete el artículo 3 de la Constitución, el cual afirma que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. El Gobierno insiste en que su objetivo no es eliminar el castellano de las aulas, pero la oposición considera que esta nueva ley no respeta dicho artículo y que, por tanto, es anticonstitucional.
El próximo jueves 19 de noviembre se llevará la ‘ley Celaá’ al pleno del Congreso y al ser una ley orgánica, necesitará mayoría absoluta para aprobarse. Una vez aprobada, pasará al senado, y la idea del Gobierno es que quede ratificada antes del 31 de diciembre.
Entre las medidas que más revuelo han generado dentro del ámbito educativo destacan las relacionadas con los centros concertados. Estos centros no podrán segregar por sexo a sus alumnos, ya que no cumplen con un principio básico de la educación, la equidad. Además, estos colegios no podrán sacar más plazas aunque lo pidan las familias, como ocurría antes con el término “demanda social”.
Imagen: El colegio Sagrado Corazón Esclavas de Valencia también se opone a la nueva ley. Foto: Alejandra Adelantado
Otro objetivo del Gobierno es que en un plazo de diez años, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender al alumnado con discapacidad en las mejores condiciones. Este punto ha sido muy criticado por parte de las familias con hijos con algún tipo de discapacidad.
En cuanto a la religión, no será obligatoria en bachillerato y sus calificaciones no computarán para el acceso a la universidad u obtención de becas. La religión será extraescolar, y el alumnado que no la curse prescindirá de las horas lectivas de clase alternativa.
La repetición de curso solo se podrá hacer al final de cada etapa, y no en cada curso como hasta ahora. En bachillerato no será necesario aprobar todas las asignaturas, sino que se podrá conceder el título de forma excepcional con una asignatura suspensa.
Por otro lado, Javier Yerro, padre de familia numerosa y defensor de la escuela concertada, defiende que sus hijos estudien en un colegio con un carácter propio de acuerdo a sus creencias y valores. “Esta ley convierte a la educación concertada en subsidiaria de la pública, cuando en la actualidad es complementaria”, afirma Yerro.
Sanchís: "La educación para nosotros tiene un carácter inclusivo, no exclusivo"
Amadeu Sanchís, miembro de la edición federal de Izquierda Unida, explica que no se van a suprimir los colegios de educación especial, sino que más bien “se refuerzan” presupuestariamente durante diez años. El político también cree que el debate sobre la lengua vehicular “no se acoge a la realidad” y que es una polémica “creada por la oposición de derecha y extrema derecha”.
En el siguiente pódcast se analizará esta nueva propuesta de ley con aportaciones de distintas personalidades sobre el tema, como profesores de universidad, políticos y diferentes testimonios.
