Adaptarse para sobrevivir, el método de los abogados valencianos contra la crisis
24/12/2020 - VALÈNCIA. La famosa oración atribuida a Charles Darwin sobre su teoría evolutiva: “No sobrevive el más fuerte sino el que mejor se adapta", se ha convertido en el nuevo lema que los bufetes valencianos llevan por bandera para enfrentarse a la crisis económica que atraviesa el país como consecuencia de la COVID-19.
En los periodos de recesión, el sector también se ha visto en la necesidad de bajar estándares y ajustar sus actividades al bolsillo de los clientes. Así mismo, la reducción de los honorarios es una pauta común entre los despachos que bajan los precios del servicio para poder mantener al cliente y evitar que acuda a la competencia. “Para que el cliente no se vaya al despacho de al lado ajustamos el precio”, explicaba Belén Gil de Delgado y Asociados.
"Se pide mucho presupuesto, la gente compara y se lo piensa antes de contratar" - Pedro Pérez
También es habitual postergar aquellos asuntos que carecen de urgencia o que no están sujetos a un plazo. En este sentido Pedro Pérez de Pedro Pérez Abogados confesaba a uValencia que todo lo que “puede esperar” se gestiona menos porque la gente “prefiere no moverlo”. Pérez añadía que tanto el absentismo laboral como las reclamaciones de los trabajadores a las empresas son menos usuales en tiempos difíciles porque existe mayor temor al despido.
Si bien es cierto que el aumento de despidos y cierres de empresas que se prevé a partir del 31 de enero de 2021 –cuando termine la prórroga de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) y de las limitaciones concursales– supondrá un incremento de la actividad en los despachos laboralistas o de mercantil, ese pico será puntual y poco rentable a largo plazo. “Es pan para hoy y hambre para mañana –afirmaba Ignacio Soler de Carrau Corporaciones– si hay menos empresas, entonces el mercado se limita también en ese sentido”.
La reducción del tejido empresarial se traduce en una pérdida de ingresos periódicos en los despachos que dejan de trabajar para aquellos negocios que no sobreviven. Así ocurre con las igualas, pagos mensuales por los que una empresa contrata los servicios del abogado durante un periodo determinado, o con las áreas de asesoría y gestión que trabajan para las empresas.
Ante la situación de aprieto y de constante incertidumbre, algunos despachos optan por abrir su espectro de actividades como método de adaptación. Gil explicaba que a pesar de que su despacho trata asuntos del ámbito contencioso-administrativo, ahora también ofrece asesoramiento laboral, porque las nuevas medidas generaban confusión entre los negocios y aumentó la demanda de asesoramiento durante la pandemia: “Debemos cumplir con la función de servicio al ciudadano que es por lo que nos dedicamos a esta profesión”.
LA DIGITALIZACIÓN DEL MUNDO JURÍDICO
Al sector legal, que se caracteriza por sus tradicionales protocolos y que todavía mostraba recelo a la hora de adoptar el modelo digital, se le ha impuesto la necesidad de modernizarse por la condición de pandemia. En este sentido, se ha evidenciado la ventaja que un sistema digital supone para la agilidad de los trámites y la reducción burocrática en una estructura endémicamente sobrecargada como la jurídica, y ha surgido como una forma más de adaptación para poder mantener la actividad.
La relación cliente-abogado ha tenido que redefinirse porque la mayoría de reuniones son ahora mediante plataformas online. Para crear una buena sintonía con el cliente, la cercanía y la confianza son requisitos necesarios que se construyen con más facilidad en las interacciones presenciales. Pero el ambiente, el feeling y el calor del tú a tú se pierden en la condición virtual.
Como compensación, el clima de comodidad se consigue ahora a través de una atención continuada a las llamadas y mensajes del cliente que “tiene que notar que estás ahí”, subrayaba Gil. Esta situación que evita la necesidad de encontrarse presencialmente con los clientes abre un nuevo horizonte, puesto que ya no es necesario que abogado y cliente convivan en la misma ciudad: “Ahora tenemos clientes de Madrid a los que no les importa reunirse por videoconferencia”, subrayó Gil.
LOS NUEVOS CAMINOS DEL DERECHO
El proceso de digitalización se ha hecho su hueco entre los abogados recientemente, pero ya formaba parte de la realidad social. Por ese motivo el uso de las nuevas tecnologías también necesita regularse y se ha convertido en uno de los nuevos focos hacia los que evoluciona.
Estas cuestiones ya se tratan en algunos despachos a pesar de ser una rama todavía incipiente del ejercicio. Sin embargo, su importancia crece con el desarrollo tecnológico, porque según explicaba Gil a este medio, aunque los despachos no ejerzan esa variante para poder utilizar mensajes de Whatsapp o correos electrónicos como prueba tienes que acreditar su validez a través de una serie de peritaciones para las que conviene conocer el funcionamiento de las TIC –tecnologías de la información y de la comunicación–.
Desde el ICAV –Ilustre Colegio de Abogados de València– se han impartido cursos de información sobre el uso de las TIC en el ejercicio jurídico, sobre inteligencia artificial o Legaltech, término que se refiere a la implantación de la tecnología en el mundo legal.
Además de los servicios de formación que el colegio imparte a sus colegiados, y que en el confinamiento se realizaban a través de webinars, se ha llevado a cabo una importante labor de apoyo al sector. Sin dejar de ofrecer el servicio habitual añadieron a sus actividades la explicación del cambio de las normativas o la creación certificados para acreditar las salidas por ser actividad esencial, entre otras cuestiones.
En el ámbito económico también se concedió cierta holgura a los colegiados a través de la Fundación Don Eduardo Calabuig-ICAV. “Les quitamos una mensualidad de la cuota trimestral, permitimos el fraccionamiento del pago necesario para poder ejercer la abogacía y destinamos casi un millón de euros en ayudas”, reconocía Ángela Coquillat, vicedecana del ICAV.
LA SITUACIÓN EN LOS TRIBUNALES
Los juzgados tampoco han salido indemnes de la condición de pandemia. Durante el periodo de confinamiento los procesos judiciales quedaron suspendidos salvo servicios esenciales, y los señalamientos que no se celebraron en su momento se han tenido que volver a programar, hecho que añade una carga extra a la tradicionalmente saturada actividad judicial.
Las previsiones indican que con el fin de la prórroga de los ERTE y de la limitación de los concursos de acreedores, las jurisdicciones de lo social y mercantil van a recibir una fuerte oleada de causas. Para evitar el colapso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elaboró junto con el Ministerio de Justicia un plan de actuación para dichas administraciones.
César Calvé, juez decano de València, confesó a este medio que ya existe una sobrecarga jurídica en lo relativo a despidos y cierres a pesar de que todavía no han concluido las moratorias: “Hay muchos despidos que están retenidos por los ERTE, eso es lo más preocupante, porque los despidos ya han aumentado a pesar de estar limitados”.
Después de lo social y lo mercantil, vendrá lo civil: la siguiente jurisdicción en la que se prevé una avalancha deprocesos es la de Primera Instancia, en la que se tratan los asuntos civiles puros como deudas e impagos. El aumento de la ligitiosidad –comentó Calvé– es una consecuencia de la crisis económica porque aquellos que se quedan sin empleo, que entran en concurso o que son despedidos “dejan de pagar préstamos y créditos al perder gran parte de su poder adquisitivo y de su capacidad para hacer frente a las deudas”. Al incremento de impagos le siguen las demandas que reclaman el dinero que no se ha podido pagar y por consiguiente “un aumento de la actividad en la jurisdicción civil”, incidía el decano.
La transformación virtual que ha sido necesaria en la mayoría de sectores para poder seguir ejerciendo su actividad no ha sido condición sine qua non para la justicia. Hay juzgados que no tienen televisión para hacer la vista online lo que ha puesto de manifiesto “una carencia en ese sentido”, confesaba Gil. Y Coquillat –que también se dedica al derecho penal en UNAES Abogados– afirmó que no ha hecho ningún juicio por videoconferencia, pero reconoce que los procesos penales son más complejos y no hay medios suficientes como para realizar esta clase de procedimientos por vía telemática.
La diligencia que podría suponer que los señalamientos se resolvieran a través plataformas digitales como Lexnet, podría evitar otros conflictos derivados como la suspensión de pagos a los abogados. Si el juicio no se celebra "el cliente tampoco paga al abogado”, sentenciaba Coquillat, que formó parte de la Comisión Autonómica para el seguimiento del COVID-19 desde la que se insistió para que se incrementase el número de señalamientos porque los abogados “no estaban cobrando”.
La presencialidad tampoco soluciona todos los obstáculos que las medidas de seguridad conllevan para la justicia. Coquillat explicaba que, sobre todo en los procedimientos penales de causas importantes en los que el acusado se puede jugar años de cárcel, se suele estudiar el lenguaje no verbal en las declaraciones, que influyen en la decisión final del juez. Y aunque los juicios penales necesiten realizarse de manera presencial, las garantías no son totales: "Con la mascarilla sólo ves una parte de la cara y los gestos son vitales para detectar si una persona está diciendo la verdad", anotó Coquillat.
