El ingreso mínimo vital, entre Ulises y Tántalo
5/11/20-VALENCIA. Entre los mitos griegos existen diversas historias de hombres que, tras desafiar a los dioses, sufrieron castigos terribles. No tan conocido como la historia Sísifo y su roca, pero igualmente amargo, es el mito del rey Tántalo. A este monarca lo condenaron a pasar la eternidad en un lago rodeado de árboles frutales, cuya agua le llegaba a la barbilla. Cuando intentase comer, las frutas serían movidas por el viento dejándolas fuera de su alcance, cuando intentase beber, el agua bajaría, impidiéndoselo. Y así, en un tormento eterno, jamás podría saciar ni su sed, ni su hambre. Esta misma desesperación es la que viven todavía cerca de 600.000 personas en España a la espera de recibir noticas sobre el ingreso mínimo vital (IMV), la la prestación estrella del Gobierno de Sánchez.
Del dicho al hecho
El hambre, en España, al igual que la pobreza extrema, afecta a cerca de 12,3 millones de personas. Así lo indica el 10º informe AROPE sobre el estado de la pobreza en España, publicado el pasado 17 de octubre. El 29 de mayo de este año, acabábamos de salir del confinamiento y las consecuencias económicas de la pandemia ya se sentían en muchas familias. En esas circunstancias, el Gobierno de España anunciaba una de las medidas más importantes en cuanto a derechos sociales se refiere. Aquel día, se daba a conocer el ingreso mínimo vital. Una prestación económica orientada a garantizar un sustento básico a individuos y familias con pocos recursos.
Se establecía entonces que aquel ingreso mínimo oscilaría entre los 462 euros (para adultos que viven solos) y los 1.077 euros (familias monoparentales con tres o más menores). El objetivo era, y es, eliminar la pobreza extrema que en aquel momento afectaba a 600.000 hogares. La percibirían personas de entre 18 y 65 años que cumpliesen una serie de condiciones y requisitos. Y así se presentaba a los españoles uno de los avances sociales más grandes de los últimos años. Parecía fácil, pero ni lo fue, ni lo es. Sea por incapacidad o por falta de planificación, el trámite para conseguir la prestación está siendo, cuanto menos, tedioso.
Según el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desde el inicio de la tramitación hasta el pasado mes de octubre se presentaron cerca de un millón de solicitudes. De estas, tan solo 320.000 han sido procesadas y únicamente 90.800 han sido aprobadas. En la Comunidad Valenciana, de 129.861 solicitudes hasta la fecha, 24.698 fueron denegadas, y 17.187 fueron aprobadas.
El ministro José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, afirmaba el pasado 7 de octubre en su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión y Seguridad Social, que las solicitudes han estado “por encima” de las “expectativas” del gobierno. Escrivá, comparó la situación con las pensiones, de las cuales, la Seguridad Social resuelve alrededor de 750.000 al año. El ministro añadió que se está trabajando para mejorar la situación y que “más allá de noviembre, la tramitación se acelerará”. Escrivá calcula que, a inicios de 2021, más de medio millón de hogares estarán recibiendo esta ayuda.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social, el gran ausente
Mientras tanto, para muchos, este proceso se asemeja más al castigo de Tántalo que a cualquier otra cosa. Parece sencillo conseguir saciar el hambre, pero no lo es. La burocracia, la brecha digital, la pandemia y la falta de recursos por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), han alejado los frutos del alcance de las manos. La tramitación de la ayuda, exclusivamente telemática, ha avocado a miles de personas con escasos conocimientos informáticos a buscar ayuda alternativa ante el silencio del INSS. Organizaciones sociales, colectivos vecinales, sindicatos o ayuntamientos han asumido, de la noche a la mañana, el peso de la gestión del IMV.
Organizaciones sociales, colectivos vecinales, sindicatos o ayuntamientos han asumido, de la noche a la mañana, el peso de la gestión del IMV
Eso nos cuentan desde la asociación Jovesólides, ubicada en barrio de acción preferente La Coma de Paterna, uno de los más empobrecidos de la Comunidad Valenciana. Entre los apoyos que proporcionan, asisten a personas con pocos recursos a gestionar las solicitudes para el ingreso mínimo vital. En su experiencia durante los últimos meses, han visto como la iniciativa del gobierno se diluía en el silencio administrativo.
“Hemos asumido desde el primer día la labor de apoyo y asesoramiento a las personas solicitantes. Todo el trámite hay que hacerlo de manera telemática y la inmensa mayoría de las personas que atendemos no tienen conocimientos técnicos necesarios para poder hacer la solicitud de manera autónoma”, asegura Amparo Pedraza, técnica de proyectos de la entidad. La cantidad de documentación requerida no es poca. “Algunos documentos son fáciles de adquirir, como el DNI, el Libro de Familia o la declaración de la renta del 2019… Otros, como el justificante de ingresos y patrimonio o las sentencias judiciales en los casos de violencia de género, o el empadronamiento histórico, son un auténtico calvario”, asegura Pedraza.
Pero presentar la solicitud, con los papeles en regla y los datos claros, no es garantía de nada. Decíamos antes que únicamente 90.800 solicitudes han sido aprobadas. Eso representa menos del 10% del total de solicitudes presentadas. Tan solo a una de cada diez personas que solicite la ayuda se la concederán. Afirman desde Jovesólides, que no saben “de nadie a quien le hayan concedido la ayuda”.
Algo parecido apuntaba Guillem Calatayud, activista en el sindicato “Espai Veinal Cabanyal”, en declaraciones a este medio. Si bien ellos no se dedican a ayudar en temas administrativos, sí que se centran en los problemas de vivienda que hay en el barrio. Calatayud afirma que es una ayuda de por sí muy difícil de tramitar para las familias. Sumado a ello, muchas no tienen acceso a internet o lo tienen muy limitado. Además, explica que los trámites telemáticos en la administración suelen ser complejos, y esta ayuda lo es especialmente. “No lo han puesto nada fácil, al igual que con la Renta Valenciana de Inclusión”, nos asegura.
"Si hubiese unos servicios sociales adecuados con los recursos necesarios, serían ellos los que tramitarían estas ayudas"
Desde el sindicato piensan que los criterios deberían flexibilizarse. “Pedir el empadronamiento histórico de cada habitante, un documento que casi nadie conocía, es un ejemplo de lo complejo que llega a ser el trámite”, ha indicado Calatayud. De esta forma, según indica el activista, estas situaciones de desigualdad ponen en valor este tipo de entidades locales: “Esta labor que hacemos la deberían hacer las instituciones. Si hubiese unos servicios sociales adecuados con los recursos necesarios, serían ellos los que tramitarían estas ayudas". Calatayud insiste en que la clave está en simplificar la solicitud o bien habilitar servicios estatales que ayuden a tramitarlos. Sin embargo, desde el sindicato aseguran que la ayuda que supone el IMV no es suficiente para garantizar una vida digna a aquellos que se ven obligados a pedirlo. Opinan que lo realmente útil sería aprobar una renta básica universal, como se hizo en Francia o como existe en el País Vasco.
Ambas asociaciones han señalado el problema que ha supuesto la conciliación del IMV con la retribución de características similares que ya existe en la Comunidad Valenciana, la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). Esta ayuda tiene una filosofía similar a la propuesta por el gobierno de España. “A las personas que ya tenían concedida esta renta o estaban en trámites, se les ha obligado a solicitar el IMV” afirmaba Pedraza. “El que no lo tiene está desesperado porque no tiene nada y el que tenía la RVI asustado por si la pierde”. Aunque, como ella misma indica, esta es una situación que no se ha de dar, puesto que ambas rentas son compatibles, la falta de información y los problemas de comunicación, no han facilitado que detalles como este queden claros.
El movimiento asociativo no ha sido el único que ha ayudado a la ciudadanía a conseguir información sobre el IMV. Ayuntamientos y sindicatos también han dedicado esfuerzos y recursos a esta tarea. Pilar Tarragón, secretaria general de la UGT del Camp de Morvedre, nos cuenta que desde el sindicato han creado una línea de teléfono gratuita y han habilitado un correo electrónico de información para prestar asesoramiento. Los asesores laborales de la UGT han suministrado información a personas de todas las comunidades autónomas y han apoyado en la elaboración de reclamaciones ante la tardanza de las solicitudes.
Tarragón asegura que la Seguridad Social no estaba preparada para asumir tantas solicitudes y se ha visto saturada. Y esto está suponiendo efectos colaterales en el mismo organismo. “En la Comunidad de Madrid se está produciendo una demora importante en el pago de las jubilaciones a causa de la saturación de la Seguridad Social provocada por la gestión del IMV”, ha denunciado la sindicalista.
Otro problema que apunta la secretaria de la UGT es el hecho de las numerosas denegaciones del IMV producidas “sin motivo”. “La explicación que se nos ha dado a nosotros es que tienen tantas solicitudes que no les da tiempo a mirarlas en profundidad y por eso se están rechazando muchas a las que no les corresponde una denegación”, ha puntualizado. A pesar de los múltiples inconvenientes detectados, Tarragón considera que era mejor sacar algo con fallos que no sacar nada.
No obstante, la sindicalista explica que, a pesar de que la UGT valora positivamente la rapidez con la que el Estado ha aprobado una medida tan necesaria, desde la organización se ha pedido una revisión y modificación de los criterios establecidos para obtener el IMV. Según establece Tarragón, la intención es llegar a un acuerdo entre los empresarios, los sindicatos y el Gobierno, así como convertir el IMV en una prestación duradera. "No queremos que sea una ayuda temporal a causa de la pandemia, sino que permanezca", ha decretado la secretaria de la UGT.
Los ayuntamientos también también han formado parte del entramado de organizaciones que han suplido las carencias de la Seguridad Social. Los consistorios, no obstante, han limitado su labor a tareas meramente informativas. Así lo asegura Jorge Martínez, coordinador de la concejalía de servicios sociales del Ayuntamiento de València, quien ha declarado para uValencia que numerosas familias han acudido al ente local para solicitar información.
En cambio, desde la concejalía afirman que sí tienen un papel fundamental en la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) pues son los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana quienes lo gestionan y lo tramitan. Desde que entró en vigor a principios de 2018, la RVI ha recibido miles de solicitudes, según Martínez. Además destacó que la atención ha sido prácticamente por internet o telefónica, lo que ha dificultado mucho la atención, por lo que asegura que se tardará en saber los efectos reales.
La compatibilidad de las dos rentas
“Una vez establecida la ayuda que le corresponde le restamos el aporte del IMV que se le ha concedido y nosotros damos tan solo la diferencia”
Sobre ello uValencia ha hablado con Laura Martínez, técnica de los Servicios de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia. Según ha asegurado, ambas rentas son perfectamente compatibles. Ha sido competencia de la Conselleria poder adecuar ambas rentas, pues en la ley del IMV, no detallaba qué tipo de compatibilidad iban a tener. “Se daban casos de personas que llegaban a sumar más de 2.000 euros”, nos decía. La vía que se ha tomado en la comunidad para que la compatibilidad fuese adecuada, ha sido ignorar la retribución del IMV que le corresponde a la persona solicitante y “una vez establecida la ayuda que le corresponde le restamos el aporte del IMV que se le ha concedido y nosotros damos tan solo la diferencia”. Es decir, si a una persona le correspondiesen 500 euros de la RVI y 462 euros del IMV, recibiría lo correspondiente de la ayuda estatal y únicamente 32 euros (la diferencia entre ambas) de la RVI, cobrando así, en total, los 500 euros que la Conselleria determina que le corresponde.
Sin embargo, puede darse el caso en el que la RVI sea menor que el IMV que corresponda. En ese caso, la persona dejaría de recibir la retribución económica de la Generalitat pero, según destaca Laura Martínez, “la RVI no es solo el dinero, cuando a una persona se le concede la RVI, adquiere una serie de compromisos de formación y orientación para el empleo destinados a la inclusión y reinserción social”. De este modo, gracias al trabajo de la Generalitat, el IMV no supone en ningún momento una pérdida de ingresos.
Los rostros del ingreso mínimo vital
Detrás de esta telaraña de datos y burocracia se esconden más de un millón de personas en situación de extrema vulnerabilidad. Historias de personas que han visto en esta nueva iniciativa del gobierno un hilo de esperanza para salir de la situación de pobreza en la que se encuentran. Es el caso de Carlos (nombre falso), quien, para preservar su intimidad, ha preferido ocultar su identidad.
Este joven valenciano de 19 años, estudiante de Filosofía, decidió solicitar el IMV pensando que él y su familia cumplían todos los requisitos necesarios para su obtención. La situación económica de la familia de Carlos se vio agravada como consecuencia de la pandemia y por este motivo, decidieron hacer la solicitud. El trámite para este estudiante universitario no resultó complicado. “Las indicaciones que venían en la página oficial de la Seguridad Social eran claras, de forma que nosotros, siguiendo los pasos, conseguimos solicitarlo fácilmente”. Sin embargo, la ayuda fue denegada, según rezaba la notificación recibida, por exceder el umbral económico mínimo requerido.
“Han pasado casi cinco meses y aún no tenemos respuesta”
Lorena Cebrián García tramitó la ayuda en julio para su hermano Javier que tiene reconocida una discapacidad de más del 60%. Lorena asegura que la tramitación es sencilla, para ella lo complicado fue obtener toda la documentación necesaria en unas circunstancias excepcionales dónde todos los organismos públicos estaban saturados como consecuencia de la pandemia. Así, para Lorena ha resultado una auténtica odisea obtener el certificado de empadronamiento o el certificado de vida y de estado. Para Lorena el proceso está siendo muy lento: “han pasado casi cinco meses y aún no tenemos respuesta”, ha asegurado la joven para el medio uValencia.
No sabemos si intentar conseguir el ingreso mínimo vital es, en muchos de los casos, tan poco fructífero como los intentos de Tántalo para conseguir algo que llevarse a la boca, eso solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos, tras escuchar a distintas voces implicadas, es que este trámite administrativo es, como mínimo, una odisea que no siempre llega a buen puerto.
