Aumenta la brutalidad policial en Argentina durante el confinamiento
La brutalidad policial en la provincia argentina de Buenos Aires ha hecho saltar las alarmas a organizaciones como Amnistía Internacional, cuya directora ejecutiva en dicho país, Mariela Belski, señala que la actuación de las fuerzas policiales “debe darse en el marco del respeto absoluto a los derechos humanos y debe estar acompañada de una debida rendición de cuentas”.
La Policía Bonaerense, muy implicada en el largo historial de desapariciones acaecidas durante la dictadura militar de Videla entre 1976 y 1983, incrementa la violencia durante la pandemia con gran libertad de movimiento, y arremete, principalmente, contra personas en extrema pobreza y población indígena como los qom, según presenta Amnistía Internacional en un informe. En dicho escrito la organización matiza que “son más de 30 los casos de violencia institucional y uso abusivo de la fuerza durante el aislamiento en Argentina”.
Un país donde tan solo el 38 por ciento de la población confía en la institución policial, esta configura una parte de las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires basadas en la encarcelación de altas tasas de población con menos recursos y en condiciones deplorables. La Comisión Provincial por la Memoria añade que la tortura es un acto policial común en los centros penitenciarios.
Amnistía Internacional no solo ha detectado un uso exclusivo de la fuerza en la provincia de Buenos Aires, sino también en las regiones de Santa Cruz, Chabut, La Pampa, Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero y Chaco. Muchos de los casos ocurridos en estas provincias se están investigando, y ya se ha separado a los efectivos que pudieran estar involucrados. Los intentos de sucesivas democracias argentinas por reformas las Fuerzas Armadas han sido “parciales y con poco éxito”, afirmaba The New York Times.
Uno de los casos más llamativos durante la pandemia ha sido la desaparición del joven de 22 años, Facundo Astudillo Castro, el 30 de abril de 2020, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 15 de agosto. Tanto en esta desaparición como en otros altercados ocurridos durante la crisis sanitaria, la Policía Bonaerense ha tenido un papel clave, pese a la firmeza de la declaración del presidente Alberto Fernández en la que asegura “no encubrir a la policía” de estar implicada en la muerte de Castro.
Tras seis meses de confinamiento en Argentina, iniciado el pasado 20 de marzo, el presidente Fernández data el próximo 11 de octubre como el fin de la cuarentena, a menos que aplique una nueva prórroga. Mientras, Amnistía Internacional llama a las autoridades nacionales y provinciales a “trabajar de manera coordinada en una estrategia de seguridad integral y con perspectiva hacia los derechos humanos”.
La brutalidad policial en la provincia argentina de Buenos Aires ha hecho saltar las alarmas a organizaciones como Amnistía Internacional, cuya directora ejecutiva en dicho país, Mariela Belski, señala que la actuación de las fuerzas policiales “debe darse en el marco del respeto absoluto a los derechos humanos y debe estar acompañada de una debida rendición de cuentas”.
La Policía Bonaerense, muy implicada en el largo historial de desapariciones acaecidas durante la dictadura militar de Videla entre 1976 y 1983, incrementa la violencia durante la pandemia con gran libertad de movimiento, y arremete, principalmente, contra personas en extrema pobreza y población indígena como los qom, según presenta Amnistía Internacional en un informe. En dicho escrito la organización matiza que “son más de 30 los casos de violencia institucional y uso abusivo de la fuerza durante el aislamiento en Argentina”.
Un país donde tan solo el 38 por ciento de la población confía en la institución policial, esta configura una parte de las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires basadas en la encarcelación de altas tasas de población con menos recursos y en condiciones deplorables. La Comisión Provincial por la Memoria añade que la tortura es un acto policial común en los centros penitenciarios.
